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El decreto que prometía proteger al profesor…
y lo que NO hace cuando llegan los problemas reales

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El Decreto 209/2025 ha generado muchas expectativas entre el profesorado andaluz. Tras años de sensación de desprotección, no son pocos los docentes que esperaban una norma capaz de poner fin, de una vez por todas, a denuncias infundadas, conflictos con familias o situaciones de indefensión en el aula. Parte de esa expectativa es comprensible… pero también poco realista.

Este artículo no pretende desacreditar el decreto, sino ponerlo en su sitio. Analizamos qué no hace realmente esta norma, por qué algunos docentes pueden sentirse decepcionados al leerla con detenimiento y, sobre todo, qué errores de interpretación conviene evitar. Porque entender bien los límites de la ley es tan importante como conocer sus avances, especialmente si no queremos frustrarnos esperando soluciones que ninguna norma puede ofrecer por sí sola.

¿El decreto impide que te denuncien?

Una de las expectativas más habituales —y también una de las más irreales— es pensar que el Decreto 209/2025 convierte al profesorado en una figura “intocable”, blindada frente a cualquier queja, denuncia o conflicto. No es así, ni pretende serlo.

El decreto refuerza la autoridad del docente, pero no elimina el control institucional ni las garantías del alumnado y las familias. El profesorado sigue sujeto a la normativa vigente, a los protocolos de actuación y a los procedimientos administrativos y judiciales cuando corresponde.

En la práctica, esto significa que:

• El docente no queda al margen de una investigación si existe una denuncia formal.
• La presunción de veracidad no equivale a presunción de infalibilidad.
• Las actuaciones del profesorado deben seguir siendo proporcionadas, documentadas y ajustadas a la norma.

Este punto suele generar decepción en algunos docentes porque choca con una expectativa comprensible: “que por fin alguien nos crea siempre”. La realidad es más matizada. La ley protege, pero no exime. Y probablemente no podría hacerlo sin vulnerar principios básicos del Estado de Derecho.

El avance está en el respaldo institucional y jurídico, no en la impunidad. Y confundir ambas cosas es la antesala de la frustración.

¿La palabra del profesor vale siempre más que la del alumno?

No. El Decreto 209/2025 no establece que la palabra del profesor valga siempre más que la del alumno en cualquier situación, y aquí es donde muchos docentes pueden llevarse una decepción si leen la norma con expectativas irreales.

Lo que el decreto reconoce es una presunción de veracidad “iuris tantum” del profesorado solo en procedimientos correctores internos, cuando el docente constata directamente unos hechos y los documenta con rigor. Eso no equivale a infalibilidad ni a superioridad automática en todos los conflictos.

En la práctica, esto significa que:

• La palabra del docente no invalida automáticamente la versión del alumnado.
• El alumnado conserva su derecho a aportar pruebas y a ser oído.
• La presunción de veracidad admite prueba en contrario y no opera fuera de su ámbito concreto.

El cambio real no está en que “ahora siempre crean al profesor”, sino en que el profesor deja de partir de una sospecha sistemática. Su testimonio tiene peso jurídico, pero dentro de un procedimiento garantista.

El decreto corrige un desequilibrio, no crea una jerarquía absoluta de credibilidad. Y entender este matiz es clave para no frustrarse cuando surgen conflictos reales.

¿Te protege automáticamente ante acusaciones de acoso?

No. El Decreto 209/2025 no blinda automáticamente al profesorado frente a acusaciones de acoso, ni sexual ni de otro tipo. Y esto es importante decirlo con claridad para evitar malentendidos peligrosos.

Cuando una denuncia apunta a posibles conductas de acoso, entran en juego otras normas de rango superior: legislación estatal de igualdad, protección del menor y protocolos específicos de actuación. En ese contexto, la presunción de veracidad del docente no opera como lo hace en los procedimientos disciplinarios frente al alumnado.

En la práctica, esto implica que:

• Cualquier denuncia de acoso debe admitirse a trámite y ser investigada.
• El centro está obligado a activar protocolos, aunque no existan pruebas iniciales.
• La autoridad docente no impide medidas preventivas mientras se esclarecen los hechos.

Eso no significa que el profesor sea culpable por defecto. Sigue vigente la presunción de inocencia, pero el sistema prioriza investigar y proteger sin prejuzgar.

El decreto protege al docente frente a agresiones y abusos, pero no anula los mecanismos diseñados para investigar conductas graves. Confundir autoridad con impunidad es uno de los errores que más frustración genera cuando se leen estas normas sin contexto.

¿Evita medidas cautelares “por si acaso”?

No. El Decreto 209/2025 no impide la adopción de medidas cautelares cuando se produce un conflicto grave o una acusación sensible. Y esto es deliberado: el objetivo del decreto es proteger derechos, no bloquear la gestión preventiva de los centros.

En situaciones especialmente delicadas —por ejemplo, denuncias de acoso, conflictos graves de convivencia o posibles riesgos para el alumnado—, la dirección del centro y la Administración pueden adoptar medidas provisionales mientras se investigan los hechos.

Estas medidas pueden incluir:

• Cambios organizativos temporales.
• Separación preventiva de las partes implicadas.
• Ajustes en funciones o grupos, sin prejuzgar culpabilidades.

Es importante entender el matiz jurídico: una medida cautelar no es una sanción. No supone declarar culpable al docente, sino garantizar la protección de las personas implicadas y la tranquilidad del entorno educativo mientras se aclaran los hechos.

El decreto refuerza la posición del profesorado, pero no elimina la lógica preventiva del sistema. Quien espere que la autoridad docente bloquee automáticamente cualquier decisión cautelar se llevará, probablemente, una decepción.

¿Hace responsables a las familias de todo lo que ocurra?

No. El Decreto 209/2025 no convierte a las familias en responsables automáticas de cualquier conflicto que surja en el centro educativo. Lo que hace es algo más concreto —y jurídicamente más realista—: introduce corresponsabilidad, no culpabilidad universal.

La norma establece que las familias tienen el deber de:

• Respetar la autoridad del profesorado.
• Colaborar activamente en la aplicación de las normas de convivencia.
• Asumir la responsabilidad civil cuando sus hijos menores causen daños materiales o perjuicios económicos.

Pero esto no significa que las familias respondan de todo lo que haga el alumnado, ni que cualquier conflicto escolar tenga un responsable externo al centro.

El decreto evita dos extremos habituales:

• Culpar siempre al docente.
• Trasladar automáticamente el problema a las familias.

El mensaje es más equilibrado: la convivencia escolar es una responsabilidad compartida, y las familias no son ni meros espectadores ni chivos expiatorios legales. Son parte activa del sistema educativo, con derechos… y también con obligaciones claras.

¿Garantiza que dirección e inspección te apoyen siempre?

No. El Decreto 209/2025 no garantiza un apoyo automático, incondicional y acrítico de la dirección del centro o de la Inspección Educativa ante cualquier conflicto. Y esto es importante decirlo claramente para evitar falsas expectativas.

Lo que hace el decreto es algo distinto —y más realista—:

• Establece marcos de actuación y obligaciones institucionales.
• Refuerza el papel de la Inspección como órgano de orientación, supervisión y garantía jurídica.
• Exige que las decisiones se adopten conforme a la norma, no a presiones externas.

Pero el apoyo no es ciego. Dirección e Inspección deben:

• Analizar los hechos.
• Valorar la documentación.
• Escuchar a las partes implicadas.
• Actuar con criterios técnicos y legales.

En la práctica, esto significa que el docente no queda solo, pero tampoco se le da un cheque en blanco. El respaldo existe cuando hay rigor profesional, actuación conforme a las normas y hechos bien documentados.

El decreto no elimina los conflictos internos, pero reduce la arbitrariedad: ya no todo depende del “criterio personal” de quien dirige o inspecciona, sino de un marco legal que obliga a actuar con coherencia y trazabilidad.

¿Reduce la conflictividad escolar por sí solo?

No. El Decreto 209/2025 no reduce la conflictividad escolar por sí mismo, ni transforma automáticamente el clima de los centros educativos. Pensar eso sería atribuirle a una norma un poder que no tiene.

La convivencia escolar es un fenómeno complejo, en el que influyen muchos factores:

• Contexto social y familiar del alumnado.
• Estabilidad de las plantillas docentes.
• Liderazgo de los equipos directivos.
• Recursos humanos y materiales del centro.
• Cultura de centro y aplicación real de las normas.

El decreto no sustituye a todo eso. Lo que hace es otra cosa:
cambia las reglas del juego cuando el conflicto aparece.

Antes, muchos docentes actuaban con la sensación de que cualquier intervención firme podía volverse en su contra. Ahora, el marco legal:

• Refuerza la autoridad para intervenir.
• Reduce la inseguridad jurídica.
• Ofrece respaldo institucional cuando hay conflicto grave.
• Introduce mecanismos de apoyo antes inexistentes.

Dicho de forma clara: no es una varita mágica, pero sí un suelo legal más sólido. No evita que haya problemas, pero hace menos probable que el docente sea la parte más vulnerable cuando los hay.

La convivencia no mejora solo con leyes, pero sin un marco legal claro, empeora seguro. Y ahí es donde este decreto marca la diferencia.

Entonces, ¿por qué algunos docentes se decepcionarán?

Porque muchos docentes esperaban una protección automática, inmediata y sin matices, y el Decreto 209/2025 no funciona así. No es una ley pensada para evitar conflictos, sino para gestionar mejor los que ya existen.

Las principales fuentes de decepción suelen ser estas:

• No elimina las denuncias ni las quejas.
• No impide investigaciones ni protocolos “por si acaso”.
• No garantiza que todas las direcciones actúen con valentía.
• No convierte cada conflicto en una victoria inmediata para el docente.

En otras palabras, no devuelve una autoridad incuestionable, como la que algunos recuerdan —idealizada— de otras épocas.

Además, el decreto exige algo a cambio:
profesionalidad, documentación rigurosa y respeto escrupuloso a los procedimientos.
Quien esperaba una norma que “cerrara filas” sin más, puede sentir frustración.

La decepción no nace de lo que el decreto hace mal, sino de lo que algunos esperaban que hiciera y nunca estuvo diseñado para hacer.

Este marco legal no protege al docente impulsivo ni al que actúa sin respaldo normativo. Protege al profesional que interviene con criterio, deja constancia de los hechos y utiliza los canales institucionales.

Y eso, aunque es menos épico, es mucho más sólido.

Lo que sí hace el decreto (y por eso importa)

Aunque no haga milagros, el Decreto 209/2025 sí introduce cambios estructurales relevantes que, bien aplicados, pueden marcar una diferencia real en el día a día de muchos docentes.

En concreto, el decreto sí hace lo siguiente:

• Refuerza jurídicamente la autoridad del profesorado, dándole efectos reales y no solo simbólicos.
• Equilibra los procedimientos disciplinarios, evitando que la palabra del docente parta siempre de una posición de desventaja.
• Activa respaldo institucional, implicando a dirección, Inspección Educativa y Administración en los conflictos graves.
• Garantiza asistencia jurídica y psicológica gratuita, incluso con posibilidad de abogado de libre elección.
• Aclara responsabilidades, evitando que el profesorado cargue automáticamente con daños materiales o conflictos ajenos.
• Extiende la protección fuera del aula, incluyendo actividades extraescolares y entorno digital.
• Introduce corresponsabilidad familiar, rompiendo la lógica del “profesor solo frente al problema”.
• Apuesta por la prevención, la formación emocional y el reconocimiento social del profesorado.

Nada de esto elimina el conflicto escolar, pero cambia las reglas del juego.
El docente deja de estar completamente expuesto y pasa a contar con un marco legal más coherente, más acompañante y más profesionalizado.

El valor del decreto no está en prometer un aula sin problemas, sino en evitar que cada problema se convierta en una derrota individual del profesor.

Eso, en un sistema educativo complejo y tensionado, ya es un avance considerable.

Conclusión: una ley sin milagros, pero con efectos reales

El Decreto 209/2025 no es la ley que algunos docentes esperaban… pero tampoco es la ley vacía que otros temen. No impide denuncias, no evita conflictos ni garantiza apoyos automáticos, y eso puede generar frustración si se le pide lo que nunca prometió.

Sin embargo, cuando se analiza con calma —y sin titulares simplistas— el decreto sí cambia el marco en el que se mueve el profesorado. Refuerza su posición jurídica, activa respaldo institucional, introduce corresponsabilidad familiar y deja claro que la autoridad docente no es una cuestión de opinión, sino de derecho.

Por eso, más que una norma para “resolverlo todo”, es una norma para no afrontar los conflictos en soledad. Y eso, en un sistema educativo cada vez más tensionado, ya es mucho.

Si quieres profundizar en el análisis completo, con todas las implicaciones prácticas y jurídicas del decreto, puedes leer aquí el artículo principal publicado en Reforma Docente.

Porque entender qué hace una ley es importante.
Pero entender qué no hace es lo que evita decepciones… y lecturas ingenuas.

Preguntas frecuentes

¿El Decreto 209/2025 evita que un alumno o una familia puedan denunciar a un docente?
No. El decreto no impide que se presenten denuncias ni que se activen protocolos. Cualquier queja o acusación debe tramitarse si cumple los requisitos formales. Lo que cambia es que, una vez investigados los hechos, el profesorado cuenta con respaldo jurídico y administrativo si la denuncia resulta infundada.

¿La palabra del profesor vale siempre más que la del alumno?
No siempre. La presunción de veracidad del profesorado se aplica en procedimientos disciplinarios frente al alumnado, y admite prueba en contrario. No es un privilegio absoluto ni opera cuando el docente es la persona denunciada. En esos casos rige la presunción de inocencia común a cualquier ciudadano.

¿El decreto protege automáticamente ante acusaciones de acoso o conductas sexistas?
No. En estos supuestos se activan los protocolos de igualdad y protección del menor, que obligan a investigar con diligencia y adoptar medidas cautelares si procede. El decreto no bloquea estos protocolos, pero sí garantiza apoyo institucional al docente si la acusación resulta falsa.

¿Impide que se apliquen medidas cautelares “por si acaso”?
No. Las medidas cautelares pueden adoptarse cuando la normativa lo exige, especialmente en casos sensibles. El decreto no elimina estas actuaciones preventivas, pero sí asegura que el docente tenga acompañamiento, asesoramiento y defensa durante todo el proceso.

¿Hace responsables a las familias de todo lo que ocurra en el centro?
No de todo, pero sí de lo que les corresponde. Las familias responden civilmente por los daños causados por sus hijos menores y tienen el deber legal de respetar y hacer respetar la autoridad del profesorado. El decreto no traslada automáticamente la responsabilidad al docente.

¿Garantiza que la dirección o la Inspección siempre se pondrán del lado del profesor?
No de forma automática. Lo que hace el decreto es obligar a que dirección e Inspección actúen conforme a la norma, con criterios técnicos y respaldo institucional. No elimina conflictos internos, pero sí reduce la arbitrariedad y la sensación de abandono.

¿Va a reducir la conflictividad escolar por sí solo?
No. El decreto no es una varita mágica. La convivencia depende de múltiples factores: organización del centro, implicación de las familias, recursos y clima social. Lo que sí hace es ofrecer un marco más claro y protector para que el profesorado no afronte los conflictos en soledad.